El Poder Judicial del Estado y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción concretaron la firma de un Convenio de Colaboración orientado a fortalecer las acciones institucionales de prevención, profesionalización y combate a la corrupción dentro del ámbito judicial.
La firma del acuerdo fue encabezada por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, María José Ocampo Vázquez, quien subrayó la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos institucionales de prevención de riesgos de corrupción, así como de impulsar procesos permanentes de capacitación para el personal jurisdiccional y administrativo. El evento contó también con la presencia de la Consejera Presidenta del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, maestra Claudia Eloísa Díaz de León González cuyo liderazgo será clave para el seguimiento de las acciones derivadas del convenio.
Participaron en el acto protocolario las y los integrantes del CPC: Salvador Vázquez Caudillo, Marcela Leticia López Serna, Nelly Carolina Rioja Gómez, Óscar Rodrigo Castañeda Martínez y Eva Daniela Moreno Muñoz, quienes destacaron que este convenio permitirá consolidar una agenda conjunta enfocada en la integridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Señalaron que la colaboración con el Poder Judicial es fundamental para avanzar hacia un sistema de justicia más abierto, confiable y cercano a la ciudadanía.
El acuerdo contempla la implementación de programas de formación especializada, el diseño e impulso de protocolos de actuación basados en integridad, actividades de sensibilización sobre ética pública, así como el intercambio de herramientas y buenas prácticas que fortalezcan el desempeño institucional del Poder Judicial. Estas acciones contribuirán a consolidar una cultura pública de legalidad, profesionalismo y control preventivo, favoreciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
Con esta firma, ambas instancias reafirman su compromiso con el combate frontal a la corrupción mediante estrategias coordinadas, ejercicios de participación ciudadana y proyectos orientados a mejorar la eficiencia, imparcialidad y transparencia en el servicio público. El convenio representa un paso decisivo para robustecer el Sistema Estatal Anticorrupción y promover un Poder Judicial íntegro, moderno y plenamente alineado con los principios del Estado de derecho.
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