En el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes llevó a cabo un ejercicio de evacuación y respuesta ante una eventual emergencia sísmica, con la participación de las y los integrantes de los órganos jurisdiccionales y administrativos de la institución, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cultura de la prevención y la protección civil.
El ejercicio fue encabezado por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, y contó con la participación de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, y las consejerías del Órgano de Administración Judicial; así como de los servidores públicos de las distintas áreas que integran el Poder Judicial del Estado.
La jornada fue coordinada por la Coordinación de Seguridad e Higiene del Poder Judicial del Estado, que activó los protocolos institucionales establecidos para este tipo de contingencias y supervisó el proceso de evacuación en los distintos inmuebles. Como resultado, se logró el desalojo ordenado de las instalaciones, sin que se reportaran incidencias, permitiendo además verificar la capacidad de respuesta del personal y la operación de las medidas preventivas implementadas.
Los simulacros constituyen una herramienta fundamental para la gestión integral de riesgos, pues permiten poner a prueba los protocolos de actuación, identificar áreas de oportunidad, fortalecer la coordinación de las brigadas y familiarizar al personal con las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, estos ejercicios tienen como propósito fortalecer la preparación, coordinación y capacidad de respuesta de instituciones y población ante una eventual emergencia o desastre.
La realización de este tipo de ejercicios adquiere especial relevancia en una institución pública como el Poder Judicial, donde diariamente convergen servidoras y servidores públicos, personas usuarias de los servicios de justicia, litigantes y demás integrantes de la comunidad jurídica. Por ello, contar con protocolos actualizados y personal capacitado permite actuar de manera organizada ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.