La Regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes, Ivón González cuestionó las inconsistencias que presenta el procedimiento para la creación de Villa Juárez como municipio número 12 de Aguascalientes, al advertir diferencias en las cifras de población, superficie territorial y comunidades consideradas, además de cuestionar la consulta pública y la viabilidad financiera del proyecto.
“Hoy estamos frente a la validación de un procedimiento que nació torcido, que se sostiene en cifras que no cuadran, en dimensiones que no cierran y en consultas que no consultan. Y lo más grave: estamos frente a la posibilidad real de abrirle la puerta a la ingobernabilidad para que se instale en el palacio municipal.” Lo anterior durante su intervención en la sesión. extraordinaria de Cabildo donde se abordó el tema tras la aprobación que hiciera el Congreso de Aguascalientes.
González Martínez recordó que el artículo 13 de la Ley Municipal establece como requisitos una población mínima de quince mil habitantes y un ritmo de crecimiento demográfico equivalente al doble de la tasa media estatal. Sin embargo, cuestionó que el expediente acredite con información verificable el cumplimiento de estos requisitos, particularmente el relativo al crecimiento demográfico.
“La población, dicen, se supera. Pero el crecimiento exigido no queda acreditado. No hay un solo dato duro, verificable que demuestre que la demarcación propuesta cumple con ese estándar. Hasta hoy, no lo han acreditado.”
Asimismo, señaló que la opinión final retoma 112 localidades y 26,667 habitantes, pese a las variaciones registradas en el expediente durante el procedimiento, al tiempo que cuestionó la delimitación territorial, misma que no corresponde con la población considerada.
“El Dictamen alterna entre 26,667 y 29,207 habitantes para Villa Juárez, como si la población fuera una cifra que se estira y se encoge según convenga. Usa diferentes universos de localidades según el momento del procedimiento.Es decir, se aprueba un territorio con una población que no corresponde a ese territorio. ¿Cuánta gente vive ahí? ¿Cuáles son sus comunidades?”
Respecto al territorio, González Martínez destacó que la iniciativa original contempla 645.22 kilómetros cuadrados, el alcance del 6 de julio lo reduce a 616.82 kilómetros cuadrados, mientras que el decreto con la reserva aprobada establece 465.413 kilómetros cuadrados para Villa Juárez y 179.817 para Asientos, que en conjunto suman 645.230 kilómetros cuadrados.
“Es decir, tres cifras distintas para el mismo territorio, y ninguna explicación de cómo se concilian con la población, el catastro, las finanzas y las localidades que se usaron durante el procedimiento.”
Ante ello, cuestionó la posibilidad de transferir recursos, personal y servicios sin contar con límites territoriales plenamente definidos: “¿Cómo se le puede pedir a este Cabildo que valide un territorio que no tiene límites claros? ¿Cómo se transfieren recursos, personal y servicios a un lugar que no se sabe exactamente dónde empieza y dónde termina?”
En materia financiera, la Regidora cuestionó que el decreto ordene garantizar suficiencia presupuestal para un Concejo Municipal Provisional que operará de enero a octubre de 2027, sin establecer los recursos necesarios para su funcionamiento.
“No se determina monto. No se determina partida. No se determina fuente de financiamiento. No hay costo real del Concejo. O sea, se está calculando el costo de un municipio que no existe, con datos que no corresponden, para un presupuesto que no se tiene.”
Sobre la consulta pública, González Martínez señaló que los foros reportaron 976 papeletas y 72.3 por ciento a favor, pero destacó que en la cabecera de Asientos 64.9 por ciento de quienes participaron se pronunció en contra.
“Es decir, la comunidad más directamente afectada rechazó el proyecto, y aun así no les importó; se siguió adelante.”
Finalmente, la Regidora morenista aclaró que su postura no es contra Villa Juárez ni contra su legítima aspiración de autonomía, sino contra un proyecto que, desde su perspectiva, presenta contradicciones y carece de viabilidad financiera.
“No podemos ser cómplices de esta farsa. No podemos darle constitucionalidad a un decreto que nace de un procedimiento viciado, que se sustenta en cifras contradictorias, que carece de viabilidad financiera y que abre la puerta a la ingobernabilidad.”
Habrá que decir que finalmente el Cabildo aprobó el dictamen con 9 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.