Poder Judicial y Sipinna estatal formalizan colaboración en beneficio de niñas, niños y adolescentes

 



La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez y la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna), Blanca Rivera Rio Flores, firmaron un acuerdo de colaboración que tiene el objetivo de fortalecer la protección y el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento, efectuado en la sede del Poder Judicial, la Magistrada Presidenta destacó que para el Poder Judicial del Estado, el orientar esfuerzos hacia la tutela y el cuidado de los derechos de las niñas, niños y adolescentes preponderando el interés superior del menor, es una directriz básica; más ahora que se detenta la titularidad de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONATRIB por parte de Aguascalientes.


Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sipinna estatal destacó el compromiso que tiene la gobernadora Tere Jiménez con las niñas, niños y adolescentes, destacando que una de sus prioridades ha sido emprender acciones y realizar obras que redunden en su atención y beneficio porque no solamente son el futuro, sino el presente de Aguascalientes.

De igual manera, reconoció en la Magistrada Presidenta del STJE a una aliada del Sipinna estatal, sobre todo a partir de su nombramiento como titular de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Nacional de tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), lo que contribuirá a que Aguascalientes se distinga a nivel nacional como un estado que privilegia el interés superior de las infancias y las y los adolescentes en todos los ámbitos.



Cabe destacar que como parte del acuerdo se impartirán y vigorizarán las capacitaciones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de reforzar los conocimientos del personal que labora en ambas instituciones, además que se impulsarán acciones y proyectos para fomentar la participación de las y los litigantes del estado en materia de difusión de los derechos humanos que tienen estos sectores.




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