Paulo Martínez López, diputado federal por Aguascalientes anunció la presentación un punto de acuerdo para exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una atención pronta, eficaz y continua para decenas de pacientes renales que quedaron sin servicio en la nueva Unidad Integral de Hemodiálisis del Instituto, inaugurada recientemente en Aguascalientes.
En rueda de prensa acompañado por el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y la legisladora Mónica Becerra, con quien presenta este punto de acuerdo; Paulo Martínez se refirió a este fin de semana, cuando más de 60 pacientes vieron suspendidos o interrumpidos sus sesiones debido a fallas graves en la operación de la unidad: colapso del sistema de ósmosis, desabasto de agua, máquinas detenidas y lo más grave, pacientes enviados a casa sin recibir su tratamiento
Martínez López señaló que esta crisis es consecuencia directa de la falta de inversión en salud, ya que México destina solo 2.6% del PIB, lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
“Estas omisiones explican el desabasto de medicamentos, el abandono de niñas y niños con cáncer y ahora el riesgo en que están los enfermos renales”, afirmó.
Martínez López advirtió que cada sesión perdida pone en riesgo la vida de las personas que dependen de la hemodiálisis dos o tres veces por semana. La suspensión provoca riesgos severos como uremia, crisis hipertensivas, arritmias, edema pulmonar e incluso paro cardiaco.
“Hoy, las familias están recurriendo a clínicas privadas que cobran desde 2,500 pesos por sesión. Esto es inaceptable. La salud es un derecho, no un lujo”.
En el punto de acuerdo presentado en conjunto con la diputada federal Mónica Becerra, exige al IMSS: garantizar atención inmediata, segura y continua para todos los pacientes renales afectados; así como solicitar a la COFEPRIS: realizar una supervisión urgente para verificar el cumplimiento de la NOM-003-SSA3-2010, conforme exige la normatividad nacional para unidades de hemodiálisis y al Consejo de Salubridad General: evaluar y corregir las fallas detectadas.
“Nuestra obligación es alzar la voz por quienes hoy no pueden esperar. La salud no admite retrasos ni improvisaciones”.