Las y los diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes, pertenecientes a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, tomaron este día la tribuna legislativa para fijar un posicionamiento firme y contundente en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales impulsada por Morena en el Congreso de la Unión, al advertir que representa una seria amenaza para el campo, la actividad agrícola y la estabilidad económica de miles de familias rurales en México.
Señalaron que, durante las últimas semanas, han sostenido múltiples reuniones con campesinos, agroproductores y organizaciones del sector hídrico en Aguascalientes, quienes les han manifestado una profunda preocupación por los posibles efectos negativos de esta iniciativa. De acuerdo con los testimonios recibidos, la reforma vulnera derechos adquiridos, pone en riesgo su patrimonio y genera una incertidumbre jurídica que podría inhibir inversiones y frenar la producción agrícola en la región y en el país.
Durante su mensaje en tribuna, el diputado Heriberto Gallegos Serna expresó lo siguiente: “Productores agropecuarios, queremos dejar testimonio de que no están solos; aquí están las diputadas y los diputados que integramos la mayoría de este Congreso, dispuestos y comprometidos con sus causas. Llegaremos hasta donde sea necesario para impedir el atropello del oficialismo federal”.
El Grupo Parlamentario del PAN reiteró una postura clara: la reforma hídrica debe garantizar el derecho humano al agua sin destruir la seguridad jurídica del campo, sin castigar a los productores y sin convertir el recurso en un instrumento de control político.
Subrayaron que México necesita una ley moderna, técnica y responsable, y no un cambio apresurado que podría agravar la crisis hídrica en lugar de resolverla. Las y los diputados del PAN, PRI y PRD advirtieron que la iniciativa, en su versión actual, no ofrece una solución real a la crisis hídrica del país.
Destacaron que no contempla inversión suficiente en infraestructura y que representa una regresión en materia de financiamiento público, al tiempo que elimina la certidumbre jurídica necesaria para los concesionarios. Este escenario, señalaron, ha detonado manifestaciones, bloqueos y protestas de productores en todo el país, quienes advierten que la ley podría afectar el valor de la tierra, limitar la capacidad de vender o heredar predios y comprometer la viabilidad financiera del sector agrícola.
También criticaron la rapidez con la que Morena pretende aprobar la reforma, sin un debate público profundo ni una consulta amplia con los sectores directamente afectados, lo que coloca en especial riesgo a pequeños productores, comunidades rurales y economías regionales.
Finalmente, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD hicieron un llamado al Congreso de la Unión para frenar el proceso apresurado de aprobación y abrir un diálogo nacional serio, incluyente y fundamentado, que permita construir una ley moderna, justa y eficaz, que atienda verdaderamente la crisis hídrica sin destruir al campo mexicano.