La legisladora federal, Adriana Jurado Valadez, acompañada por el Coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, presentó ahora ante la Comisión Permanente del Senado de la República un paquete de iniciativas en favor de la niñez y la adolescencia mexicana lo que garantiza que sean heredadas a la siguiente legislatura para su análisis y aprobación, y no sean congeladas como sucede cada que concluye una legislatura.
Recordó que dichas iniciativas son con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio de su madre o tutora, sean considerados víctimas y atendidas integralmente por el estado mexicano; otra, para que se implementen estrategias y campañas efectivas dirigidas a las personas de 0 a 17 años de edad para el cuidado de su salud mental; y un punto de acuerdo, para profesionalizar las procuradurías de protección de niñez y adolescencia del país, como ya sucede en Guanajuato y Coahuila.
En Conferencia de prensa, la Senadora de la bancada del PAN, informó que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en su informe “Impacto del feminicidio en México y las respuestas de Estado” publicado en el año 2021, el 75 por ciento de los casos de víctimas de feminicidio deja al menos un hijo o hija en orfandad; en tanto el INEGI, del 2018 al 2022, reporta 3 mil 478 defunciones por suicidio en niñas, niños y adolescentes, por ello es importante y urgente legislar en la materia.
Asimismo, aprovecho la presencia del representante de sociedad civil, para pedir su apoyo a dar seguimiento con las y los nuevos integrantes del Senado de la República para que asuman su papel como garantes de derechos de la niñez y adolescencia de México, lo cual es su obligación, además de que México ha signado diversos tratados internacionales en la materia que no está cumpliendo.
Por su parte, el activista y defensor de los derechos humanos, Juan Martín Pérez, Coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe, resaltó la necesidad de hacer visibles a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, “crimen que en México ha incrementado”, sostuvo.
Detalló que también existen las víctimas de las tentativas de feminicidio, aun cuando sus hijos quedan también en estado de indefensión y de incertidumbre jurídica, de ahí la importancia de la actualización de leyes para que se pueda proteger desde el ámbito institucional el libre desarrollo de la personalidad y que no vean afectado su proyecto de vida.
“A la fecha México no ha sido coherente con los acuerdos internacionales e institucionales en cuanto a los protocolos de atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, pues se sigue teniendo ausencia de datos e irregularidad en la aplicación de los protocolos”, detalló el activista.
Añadió que ante dicho escenario, es importante conversar cada vez más y hacer que las instituciones cumplan con su obligación legal en torno al incremento de problemas de salud mental en niños, niñas, y especialmente en las y los adolescentes.
Indicó que a pesar de que durante el confinamiento por la pandemia Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que aumentarían los problemas de salud mental, la problemática en México no ha sido atendida aun, cuando las cifras oficiales del INEGI revelan un incremento en los casos de ideación suicida y suicidios en el segmento de los 10 a los 14 años de edad.
Destacó el punto de acuerdo propuesto por la Senadora para que las Procuradurías de Protección de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes, puedan tener autonomía, recursos humanos y financieros suficientes para que se pueda atender las diversas crisis que viven.
“Actualmente las procuradurías no tienen los recursos suficientes, ni personal para atender, por ejemplo, a las víctimas asociadas a la violencia armada en México, a las víctimas del feminicidio, así como a las condiciones de orfandad que siguen sin ser atendidas, tal es el caso de los huérfanos del Covid-19 y aquellos que siguen enfrentando la pérdida o desaparición de su padre o su madre”.
Todos estos casos, añadió el activista social, deberían ser atendidos por las Procuradurías, ya que es su obligación, pero ante la falta de recursos, limitaciones normativas y la falta de voluntad política, no se ha hecho.
Finalmente, agradeció a la senadora Adriana Jurado, las acciones emprendidas para que con el cambio legislativo, las iniciativas y esfuerzos que se han llevado a cabo conjuntamente con sociedad civil, niñas, niños y adolescentes, no se pierdan.
“Tenemos muchos años luchando, por lo que no se debe resetear el proceso legislativo, de manera que no es legítimo, ni ético desechar esos esfuerzos, de ahí la importancia de que las iniciativas pasen a la siguiente legislatura para que se protejan y puedan ser aplicables”, concluyó.